Después de 300 días de
prisión arbitraria de Milagro Sala, Diputada electa del Parlamento del
Mercosur, el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias (GTDA) de las
Naciones Unidas pide al gobierno argentino su liberación inmediata y la sanción
de los responsables por su prisión.
A pesar del accionar de las agrupaciones de derechos humanos, nacionales y extranjeras, y de manifestaciones en todo el país pidiendo la libertad de la dirigente, el gobierno nacional se ha lavado las manos para no perjudicar al gobernado de Jujuy, Gerardo Morales, del partido radical, aliado suyo. Esta omisión cómplice ya ha abierto una grieta en el propio partido gobernante porque hay, entre ellos, quienes no son condescendientes con el estado de excepción que reina en Jujuy.
Hoy, afortunadamente, tanto el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la OEA (Organización de los Estados Americanos) se han manifestado a favor de la liberación de la diputada electa. Ante esto, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri en vez de acatar la resolución del grupo de las Naciones Unidas, se ha limitado, en una acción digna de Poncio Pilatos, a “invitar” a ambos organismos a visitar Jujuy, para que vean “in situ” lo que ocurre con la detenida. O para que Morales se las arregle como pueda. Usted decide.
Hoy, afortunadamente, tanto el Grupo de Trabajo sobre las Detenciones Arbitrarias de la ONU como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la OEA (Organización de los Estados Americanos) se han manifestado a favor de la liberación de la diputada electa. Ante esto, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri en vez de acatar la resolución del grupo de las Naciones Unidas, se ha limitado, en una acción digna de Poncio Pilatos, a “invitar” a ambos organismos a visitar Jujuy, para que vean “in situ” lo que ocurre con la detenida. O para que Morales se las arregle como pueda. Usted decide.
¡Que lo disfruten!
El artículo comentado
por Osvaldo Di Prinzio
Todo empezó por una protesta:
La persecución político-juridica a la agrupación social Tupal Amaru y a su principal dirigente, Milagro Sala, empezó con um "acampe" en la plaza Belgrano de la ciudad de San Salvador de Jujuy. La "justicia" de aquella provincia consiguió convertir el derecho constitucional a manifestarse y peticionar a las autoridades en un ilícito penal. Recién ahora, a más de once meses de ocurrido el hecho, se va a realizar el juicio. Esperamos, sinceramente, que sea el principio del fin de una larga cadena de irregularidades jurídicas-
