El miércoles 5 de setiembre charlamos con Isabel Huala, madre Del Lonko Facundo Jones Huala acerca, de la situación jurídica del Lonko a horas de conocerse la medida cautelar emitida por el Comité de DDHH de la ONU que admitió entender en la cauda del dirigete del pueblo mapuche e instó al gobierno de Mauricio Macri a abstenerse de extraditarlo a Chile hasta que no termine el trámite jurisdiccional en el Comité.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a la Argentina a no extraditar a Chile al Lonko mapuche Facundo Jones Huala. El Comité “ha solicitado al Estado Parte (Argentina) suspender la extradición de Francisco Facundo Jones Huala”, reza el documento emitido en Ginebra, en virtud de lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Se trata de una medida cautelar, mientras el Comité, integrado por 18 expertos independientes, examina el caso en su integralidad. Lo logramos con nuestra denuncia, porque ya están agotadas las instancias judiciales tras la decisión de la Corte Suprema de autorizar la extradición”, dijo la abogada Sonia Ivanoff, que representa al líder político y espiritual de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen.
La cautelar se fundamenta en tres artículos del citado pacto: el artículo 7, que establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, lo que ocurre en Chile, como observó el Comité contra la Tortura de la ONU el 9 de agosto de 2018; el artículo 14, que estipula que “todas las personas son iguales ante los tribunales”, lo que no ocurriría en el caso ya que los otros dos coimputados en el hecho han sido absueltos por la justicia chilena; y, finalmente, el artículo 27 que exhorta a los países “en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en comunidad con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma”.
Ivanoff explicó que los Pactos y Convenciones internacionales ratificadas por el Estado argentino, que hayan sido votados por el Congreso, obtienen el nivel vinculante, es decir obligatorio para las autoridades nacionales que deben acatar lo que disponga la ONU.
No obstante esta medida jurisdiccional, obligatoria para el país, el gobierno argentino no la ha cumplido y extraditó de forma clandestina a Facundo Jones Huala, como se recoge en la nota de abajo.
¡Que lo disfruten!
La cautelar se fundamenta en tres artículos del citado pacto: el artículo 7, que establece que “nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”, lo que ocurre en Chile, como observó el Comité contra la Tortura de la ONU el 9 de agosto de 2018; el artículo 14, que estipula que “todas las personas son iguales ante los tribunales”, lo que no ocurriría en el caso ya que los otros dos coimputados en el hecho han sido absueltos por la justicia chilena; y, finalmente, el artículo 27 que exhorta a los países “en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en comunidad con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, y a emplear su propio idioma”.
Ivanoff explicó que los Pactos y Convenciones internacionales ratificadas por el Estado argentino, que hayan sido votados por el Congreso, obtienen el nivel vinculante, es decir obligatorio para las autoridades nacionales que deben acatar lo que disponga la ONU.
No obstante esta medida jurisdiccional, obligatoria para el país, el gobierno argentino no la ha cumplido y extraditó de forma clandestina a Facundo Jones Huala, como se recoge en la nota de abajo.
| NOTA RELACIONADA: Una semana después de conocerse la cautelar del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el gobierno argentino decidió incumplirla, afrentando los compromisos internacionales asumidos en tratados. Para entender qué ocurrió, traemos un artículo de la periodista Meyer de Página 12. |
El Gobierno no atendió un pedido de la ONU: Jones Huala extraditado
Sonia Invanoff, abogada del líder mapuche, fue notificada cuando ya estaba siendo trasladado a Chile y denunció que teme por su integridad física en las cárceles trasandinas..
Por Adriana Meyer
“No pude ni hablar con él”, lamentó Sonia Ivanoff, la abogada del lonko Facundo Jones Huala que ayer fue extraditado a Chile por una comitiva que viajó para su traslado. La letrada fue notificada del operativo cuando su defendido ya estaba en el helicóptero que lo llevó desde la cárcel de Esquel hasta el aeropuerto El Plumerillo, de Mendoza, desde donde voló a Santiago. De poco sirvió la voz de alerta que corrió por la mensajería de teléfonos celulares de los integrantes de las comunidades de apoyo a los pueblos indígenas, que llamaban a protestar contra la medida. El Gobierno nacional desconoció así el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había acogido la denuncia de Ivanoff por la violación de los derechos del líder espiritual y político de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado. En línea con el acuerdo que habría cerrado Mauricio Macri con la ex presidenta Michelle Bachelet para que Jones Huala finalmente fuera llevado a Chile, los funcionarios de Cambiemos desestimaron los argumentos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que les había solicitado suspender la extradición para estudiar si fueron avasallados los derechos del lonko contenidos en tres de los artículos del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Jones Huala antes de subir al avión que lo llevó a Chile.
Para Ivanoff lo sucedido ayer es “de una enorme gravedad porque el Estado argentino está desconociendo los pactos y acuerdos internacionales que suscribió y consolidó en la Constitución Nacional, reformada en 1994”. En un escueto comunicado, “los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores y Culto informaron que, habiendo sido concedida por el juzgado federal de Bariloche y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se efectivizó la extradición de Francisco Facundo Jones Huala a Chile para que sea juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal”. Sendas carteras agregaron que “la extradición fue requerida en dos oportunidades, primero en 2013 y luego en 2016, por parte de la justicia del país vecino por causas abiertas” en contra de Jones Huala.
“Me esperan el frío, la comida podrida y los golpes”, había dicho el lonko cuando la Corte Suprema confirmó la resolución dictada luego del segundo juicio de extradición. El primero fue anulado al aparecer testigos que declararon en su contra luego de haber sido torturados. El proceso por los hechos que le endilgan terminó en 2014 con la absolución de todos los imputados por un tribunal de Valdivia. Al momento de ser detenido, Jones Huala se encontraba en casa de una machi (sanadora) Millaray que venía protagonizando una lucha contra la hidroeléctrica Pilmaiquén.
Ayer en el entorno de Jones Huala hubo profunda preocupación porque consideran que peligra su integridad física. “En las cárceles chilenas la tortura es un hecho, no lo decimos nosotras sino que lo observó el Comité contra la Tortura de la ONU, en su examen de Chile el 9 de agosto de 2018”, explicó Ivanoff.
Por Adriana Meyer
“No pude ni hablar con él”, lamentó Sonia Ivanoff, la abogada del lonko Facundo Jones Huala que ayer fue extraditado a Chile por una comitiva que viajó para su traslado. La letrada fue notificada del operativo cuando su defendido ya estaba en el helicóptero que lo llevó desde la cárcel de Esquel hasta el aeropuerto El Plumerillo, de Mendoza, desde donde voló a Santiago. De poco sirvió la voz de alerta que corrió por la mensajería de teléfonos celulares de los integrantes de las comunidades de apoyo a los pueblos indígenas, que llamaban a protestar contra la medida. El Gobierno nacional desconoció así el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había acogido la denuncia de Ivanoff por la violación de los derechos del líder espiritual y político de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado. En línea con el acuerdo que habría cerrado Mauricio Macri con la ex presidenta Michelle Bachelet para que Jones Huala finalmente fuera llevado a Chile, los funcionarios de Cambiemos desestimaron los argumentos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que les había solicitado suspender la extradición para estudiar si fueron avasallados los derechos del lonko contenidos en tres de los artículos del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Para Ivanoff lo sucedido ayer es “de una enorme gravedad porque el Estado argentino está desconociendo los pactos y acuerdos internacionales que suscribió y consolidó en la Constitución Nacional, reformada en 1994”. En un escueto comunicado, “los Ministerios de Seguridad y de Relaciones Exteriores y Culto informaron que, habiendo sido concedida por el juzgado federal de Bariloche y confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se efectivizó la extradición de Francisco Facundo Jones Huala a Chile para que sea juzgado por los delitos de incendio en lugar habitado y tenencia ilegal de armas de fuego de fabricación artesanal”. Sendas carteras agregaron que “la extradición fue requerida en dos oportunidades, primero en 2013 y luego en 2016, por parte de la justicia del país vecino por causas abiertas” en contra de Jones Huala.
“Me esperan el frío, la comida podrida y los golpes”, había dicho el lonko cuando la Corte Suprema confirmó la resolución dictada luego del segundo juicio de extradición. El primero fue anulado al aparecer testigos que declararon en su contra luego de haber sido torturados. El proceso por los hechos que le endilgan terminó en 2014 con la absolución de todos los imputados por un tribunal de Valdivia. Al momento de ser detenido, Jones Huala se encontraba en casa de una machi (sanadora) Millaray que venía protagonizando una lucha contra la hidroeléctrica Pilmaiquén.
Ayer en el entorno de Jones Huala hubo profunda preocupación porque consideran que peligra su integridad física. “En las cárceles chilenas la tortura es un hecho, no lo decimos nosotras sino que lo observó el Comité contra la Tortura de la ONU, en su examen de Chile el 9 de agosto de 2018”, explicó Ivanoff.
“No pude ni hablar con él”, lamentó Sonia Ivanoff, la abogada del lonko Facundo Jones Huala que ayer fue extraditado a Chile por una comitiva que viajó para su traslado. La letrada fue notificada del operativo cuando su defendido ya estaba en el helicóptero que lo llevó desde la cárcel de Esquel hasta el aeropuerto El Plumerillo, de Mendoza, desde donde voló a Santiago. De poco sirvió la voz de alerta que corrió por la mensajería de teléfonos celulares de los integrantes de las comunidades de apoyo a los pueblos indígenas, que llamaban a protestar contra la medida. El Gobierno nacional desconoció así el pedido del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que había acogido la denuncia de Ivanoff por la violación de los derechos del líder espiritual y político de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, donde desapareció Santiago Maldonado. En línea con el acuerdo que habría cerrado Mauricio Macri con la ex presidenta Michelle Bachelet para que Jones Huala finalmente fuera llevado a Chile, los funcionarios de Cambiemos desestimaron los argumentos del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que les había solicitado suspender la extradición para estudiar si fueron avasallados los derechos del lonko contenidos en tres de los artículos del Pacto de Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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| Jones Huala antes de subir al avión que lo llevó a Chile. |
“Me esperan el frío, la comida podrida y los golpes”, había dicho el lonko cuando la Corte Suprema confirmó la resolución dictada luego del segundo juicio de extradición. El primero fue anulado al aparecer testigos que declararon en su contra luego de haber sido torturados. El proceso por los hechos que le endilgan terminó en 2014 con la absolución de todos los imputados por un tribunal de Valdivia. Al momento de ser detenido, Jones Huala se encontraba en casa de una machi (sanadora) Millaray que venía protagonizando una lucha contra la hidroeléctrica Pilmaiquén.
Ayer en el entorno de Jones Huala hubo profunda preocupación porque consideran que peligra su integridad física. “En las cárceles chilenas la tortura es un hecho, no lo decimos nosotras sino que lo observó el Comité contra la Tortura de la ONU, en su examen de Chile el 9 de agosto de 2018”, explicó Ivanoff.
