Un informe de Amnistía Internacional revela inversiones por más de 1,2 millones de dólares en software de reconocimiento facial y plataformas de cruce de datos, mientras un decreto de diciembre de 2025 obliga a quince organismos a compartir información personal con la SIDE sin orden judicial. El análisis de María Alicia Noero en Diario Sumario reconstruye el entramado legal y político que sostiene este dispositivo de vigilancia.
A dos años y medio de la asunción de Javier Milei, Argentina se encuentra inmersa en un proceso silencioso pero acelerado de expansión del control estatal sobre la población. Así lo revela el informe «Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina», presentado por Amnistía Internacional el 18 de agosto. El documento traza un mapa de cómo el Estado fue ensamblando, pieza por pieza, una infraestructura de vigilancia que hoy ya no es proyecto: es operativa.
Como documenta la politóloga María Alicia Noero en Diario Sumario, el gasto directo del Ministerio de Seguridad en estas tecnologías asciende a 1,2 millones de dólares entre 2024 y 2025, pero esa cifra se queda corta si se mira el panorama completo. La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, invirtió 48 millones de dólares en un sistema de 850 cámaras que cubre el 82% del territorio porteño, con una densidad especialmente alta en los alrededores del Congreso, el epicentro histórico de las movilizaciones sociales. Los recursos del ministerio se orientaron a la compra de Clearview AI —un software de reconocimiento facial que ya fue sancionado en varios países europeos por extraer ilegalmente datos biométricos—, la plataforma Maltego, que rastrea redes sociales y dark web en tiempo real, y una flota de drones con tecnología térmica.
La adquisición de estos equipos ya generó controversia. En un video difundido por la propia Policía Federal, un oficial explica que los drones adquiridos tienen capacidad para procesar imágenes y reconocer rostros. La ministra Patricia Bullrich había negado meses atrás que esos equipos contaran con esa funcionalidad, pero la evidencia proveniente de sus propias filas terminó desmintiéndola.
El dato revelador del informe, sin embargo, no es solo la compra de tecnología, sino el entramado legal que la sostiene y la vuelve difícil de frenar. Como describe Noero, desde 2024 el gobierno fue desplegando una estrategia escalonada: primero creó una unidad de inteligencia artificial dentro del Ministerio de Seguridad; luego reorganizó el sistema de inteligencia bajo la órbita de la SIDE; más tarde reformó la Policía Federal para permitir el patrullaje de redes sociales sin necesidad de una orden judicial. El golpe de timón definitivo llegó el 31 de diciembre de 2025, en pleno receso legislativo, con la firma de un decreto que centralizó en la SIDE el control de todo el sistema de vigilancia y obligó a más de quince organismos públicos —entre ellos ANSES, AFIP, RENAPER y los sistemas de salud— a compartir información personal con los servicios de inteligencia. No hay orden judicial que intermedie, ni notificación al ciudadano. El mismo decreto establece que todas las tareas de inteligencia son secreto de Estado y autoriza al personal de la SIDE a realizar detenciones en circunstancias puntuales, con la única condición de avisar a la policía.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya presentó un pedido de nulidad del decreto ante la Justicia. Cuestiona la falta de urgencia que justifique haber omitido el debate parlamentario, el hermetismo sin precedentes que impone la norma y la vulneración de garantías constitucionales que implica habilitar detenciones sin orden judicial. Sin embargo, el mecanismo institucional hace casi imposible que el decreto caiga: para ser derogado, la Constitución exige el rechazo de ambas cámaras, y con el control de una sola, el oficialismo puede sostenerlo indefinidamente. La Comisión Bicameral que debería monitorear el sistema recién se conformó en mayo, presidida por Sebastián Pareja, y celebró su primera reunión en julio —siete meses después de la firma del decreto— sin que se conociera públicamente el temario tratado.
El impacto de todo este dispositivo ya no es hipotético. Amnistía lo denomina «efecto disuasorio» y ya lo detectó en terreno. Paola García Rey, directora adjunta de la organización en Argentina, lo resume así: la gente «piensa dos veces» antes de asistir a una protesta, de publicar una opinión en redes o de participar en actividades colectivas. Las 21 entrevistas que nutren el informe dibujan un patrón recurrente: caída de la participación en manifestaciones, extremo cuidado al organizar encuentros, abandono de aplicaciones o canales considerados inseguros y, sobre todo, autocensura. El coordinador del informe fue contundente: en Argentina ya se está utilizando la vigilancia para atacar a la disidencia, desalentar la protesta y hostigar a grupos vulnerables. No se necesita ser un blanco específico. Basta con saber que se podría serlo.
Amnistía ya elevó al gobierno un pedido formal: prohibir el uso de reconocimiento biométrico con fines discriminatorios y establecer un marco regulatorio que garantice que el uso de estas tecnologías sea proporcional, necesario y susceptible de auditoría. Hasta ahora, no ha recibido respuesta.
Un análisis desde la perspectiva crítica
Las denuncias de Amnistía no hacen más que confirmar una tendencia que el filósofo Noam Chomsky viene señalando desde hace años. Para el intelectual, los Estados contemporáneos utilizan cualquier herramienta tecnológica a su alcance para controlar a su población, a la que conciben como su principal adversario. Lejos de ser un árbitro neutral, el poder estatal actúa al servicio de intereses concentrados, y la vigilancia masiva se convierte en un instrumento de disciplinamiento social. El caso argentino, visto desde esa óptica, no es una anomalía sino un eslabón más de una cadena global que sacrifica las libertades civiles en nombre de una seguridad que nunca termina de definirse.
En sintonía con esa lectura, María Alicia Noero advierte que el episodio de los drones —un desmentido ministerial que quedó en evidencia por un video de la propia Policía— no es un hecho aislado, sino la puerta de entrada a un escenario más complejo. «Un decreto que lleva siete meses vigente, un órgano creado para controlarlo que recién empezó a reunirse, y un informe de Amnistía que ya midió el efecto que produce saber que te pueden estar mirando», sintetiza Noero. Para ella, la Comisión Bicameral existe, pero su inactividad también es una decisión política. Y cada mes que transcurre sin que sesione, alguien está decidiendo, en nombre de todos, que la excepción continúe. Esa excepción, subraya, ya ha dejado de ser excepcional: se ha vuelto regla.
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