28/08/2026│Detrás de la promesa de autonomía del Banco Central se esconde el mismo mecanismo que en Perú y Brasil blindó a sus autoridades, facilitó el extractivismo y transfirió ingresos de los trabajadores al capital financiero. Una advertencia para el Senado argentino.
Por Ramiro Carlos H. Caggiano Blanco
Mientras Milei nos entretenía con sus insultos desaforados hacia los periodistas, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas económicas prioritarias del gobierno. La iniciativa, que obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, no solo redefine la misión del organismo para enfocarla primordialmente en «preservar el valor de la moneda» —eliminando otros objetivos como el empleo y el desarrollo económico— sino que también introduce un cambio institucional de gran calado. Este cambio establece un nuevo y más rígido régimen para las autoridades del BCRA, que blinda al actual presidente, Santiago Bausili, al requerir una mayoría de dos tercios de ambas cámaras del Congreso para su remoción, un umbral difícil de alcanzar para una oposición fragmentada.
Este aspecto de la ley adquiere particular relevancia si se considera que Bausili es un histórico socio y hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, con quien ha compartido emprendimientos como la consultora Anker. La reforma, que también prohíbe el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria, busca institucionalizar el principio de «déficit cero» y la lucha contra la inflación. Sin embargo, la blindada posición de Bausili —cuya gestión ha sido cuestionada por la oposición y señalada por su incremento patrimonial y vínculos empresariales con el propio Caputo— plantea interrogantes sobre la efectiva independencia de la autoridad monetaria que el gobierno dice defender.
Tras la aprobación en Diputados, el Senado —donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia— se convierte en el escenario donde se pondrá a prueba esa promesa de autonomía.
La autonomía de los bancos centrales que propone la derecha, como se muestra en la experiencia peruana y brasileña, se funda en el «escudo contra los arrebatos populistas del poder político», aunque en la práctica sea un mecanismo que blinda al organismo de las políticas propuestas por las autoridades que llegaron al poder por la voluntad popular, y lo deja a merced de los mercados y de los operadores que lo utilizan como instrumento de sus negocios.
Ese truco de decir una cosa y, por debajo del poncho, hacer otra para disfrazar medidas regresivas, lo expuso con indisimulado cinismo el exministro brasileño Paulo Guedes, quien alardeó de haber colocado «una granada en el bolsillo del enemigo» al congelar los salarios de los funcionarios públicos mientras el gobierno «abrazaba a la oposición».
En el caso peruano, esa «granada» tiene nombre y apellido: Julio Velarde, ratificado por Keiko Fujimori para un nuevo quinquenio al frente del Banco Central de Reserva tras 20 años en el cargo, un periodo que ha visto desfilar a más de 11 presidentes. Su gestión, celebrada por los mercados, ha sido el pilar de un modelo que, con la estabilidad cambiaria como dogma, facilitó el extractivismo de multinacionales que dejan migajas, profundizando la desigualdad social y consolidando un esquema donde el bienestar de unos pocos se paga con la perpetuación de la pobreza de las mayorías.
En el caso de Brasil, esa «independencia» ha sido una rémora constante para las aspiraciones desarrollistas del gobierno de Lula. Durante su mandato, el Banco Central mantuvo una tasa de interés básica (Selic) en niveles exorbitantes, superior al 14% anual, mientras la inflación no superaba el 4,6%. Esto se tradujo en una tasa de interés real de más del 10% (de las más altas del mundo), una transferencia de renta sin precedentes del sector productivo y de los trabajadores hacia el sistema financiero. Es que la elevada tasa de interés que el Banco Central establece para «frenar la inflación» se paga con impuestos que son, en última instancia, recursos que se privan a la producción y el consumo.
Este fenómeno no se reduce a una cuestión de nombres. En Brasil, no se trató únicamente de la gestión de Roberto Campos Neto, el presidente del Banco Central «heredado» de Bolsonaro, que no pudo ser renovado hasta pasado el primer tramo del gobierno de Lula. Su sucesor, Gabriel Galípolo, a pesar de ser ungido con un halo de ideas «progresistas», no modificó la política de tasas exorbitantes. La razón es estructural: una Selic tan elevada convierte a los títulos públicos en el mejor negocio del mercado, sin riesgo y con altísima rentabilidad, alimentando una «cultura rentista» que desalienta el crédito productivo y premia la especulación. En ese marco, la autonomía formal no es más que un blindaje para que el Banco Central perpetúe un modelo que transfiere ingresos del trabajo al capital financiero, sin rendir cuentas al Congreso ni a la ciudadanía, tal como se evidenció en la negativa sistemática a reducir la Selic pese a la desaceleración inflacionaria. Vale recordar que la inflación en Brasil se mantuvo dentro de la banda estipulada, e incluso el gobierno de Lula, fruto de una política de responsabilidad fiscal, nunca se aproximó al techo máximo permitido.
Así, mientras el gobierno de Lula intenta impulsar un nuevo ciclo de desarrollo con inversión pública y recomposición del salario mínimo, el Banco Central responde con ajustes contractivos que neutralizan cualquier estímulo, generando un conflicto abierto que evidencia la subordinación de la autoridad monetaria a la lógica financiera. Las justas críticas de Lula a esta política se topan con un coro monofónico de medios «especializados» que militan sin disimulo esta transferencia de ingresos, defendiendo que el pago de intereses de la deuda pública —financiada con impuestos— es una necesidad técnica, cuando en realidad es una decisión política que empobrece al país.
Por todo esto, hay que mirar más allá de la experiencia extrema de Perú y, principalmente, desconfiar de las voces que menosprecian el peligro de que se consolide en el Senado lo que ya aprobaron los diputados, bajo el argumento pueril de que «después podemos cambiar a los Bausilis». La experiencia brasileña demuestra lo contrario: no se trata de hombres, sino de sistema. Esa es la granada que el neoliberalismo nos dejará en el bolsillo si no se frena la ley en el Senado.
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