La derrota de Flávio Bolsonaro en el balotaje del 25 de octubre de 2026 no fue el fracaso de un proyecto político. Fue el colapso de un plan de defensa legal meticulosamente diseñado, cuyo primer eslabón era la propia Presidencia de la República. Lo que siguió —la fuga nocturna, el vuelo privado, la ruta por Argentina y Ecuador, la entrada a Estados Unidos con un pasaporte que la justicia brasileña ya había mandado cancelar— no fue un acto de desesperación. Fue la ejecución del plan B de quien sabe que, sin el escudo del cargo, la justicia lo alcanza.
Por Ramiro Carlos Caggiano Blanco
🛡️ El plan A: la Presidencia como escudo constitucional
Primero, la inmunidad de derecho:
El artículo 86, párrafo 4, de la Constitución brasileña es una norma de una claridad meridiana: «El Presidente de la República, en vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones». La jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal (STF) ha sido consistente: esta inmunidad no archiva los procesos, los suspende mientras dure el mandato, e incluso suspende el plazo de prescripción.
Para Flávio Bolsonaro, esto significaba que, al asumir el cargo el 1 de enero de 2027, los tres procesos penales que enfrenta en el STF —el del financiamiento del filme «Dark Horse», el de las cuentas en el exterior vinculadas a su amigo Willer Tomaz, y el abierto por Alexandre de Moraes por evasión de divisas y lavado de dinero— habrían quedado congelados de forma automática. No era una absolución: eran cuatro años de impunidad de facto, sin necesidad de negociar con nadie.
Segundo, la impunidad de hecho:
Pero el plan no se agotaba en la inmunidad temporal. La verdadera ambición era estructural: blindar el tribunal que, tarde o temprano, volvería a juzgarlo. Un Flávio Bolsonaro en la presidencia habría tenido la oportunidad de nombrar a los sucesores de los jueces que se jubilarán durante su mandato: Luiz Fux (abril de 2028), Cármen Lúcia (abril de 2029) y Gilmar Mendes (diciembre de 2030). A esas vacantes se sumaba la de Luís Roberto Barroso, ya abierta. Con Nunes Marques y André Mendonça —los dos ministros ya nombrados por su padre— como punto de partida, el objetivo era consolidar una mayoría afín que reinterpretara la jurisprudencia o bloqueara cualquier intento de procesarlo una vez terminado el mandato.
Y el Senado, lejos de ser un obstáculo, estaba llamado a ser un facilitador. El PL eligió 19 senadores en 2026, sumando una bancada de 28 —la mayor de la Cámara Alta— y, con aliados, 44 de los 81 senadores a partir de 2027. Ese bloque estaba a solo 10 votos del quórum de 54 necesario para aprobar el impeachment de un ministro del STF. No era una mayoría absoluta, pero sí una minoría de presión lo suficientemente grande como para convertir al Senado en un aliado estratégico en la captura del tribunal.
🏃♂️ El plan B: la fuga «vulgar y silvestre»
Cuando la derrota electoral cerró la puerta del plan A, el plan B se ejecutó con una celeridad que delataba su preparación. La Policía Federal había advertido a Moraes del «riesgo concreto de evasión del territorio nacional» en una manifestación enviada el mismo domingo de la derrota. La sospecha no era infundada: el abogado Willer Tomaz, amigo e investigado junto a Flávio, ya estaba en Miami desde agosto, desafiando una orden de prohibición de salida. Y Eduardo Bolsonaro, desde Estados Unidos, había recomendado públicamente a su hermano que, si perdía, no reconociera la derrota y se fuera del país.
Moraes ordenó el cancelamiento de los pasaportes común y diplomático de Flávio, y le exigió la entrega de cualquier documento de otra nacionalidad. La respuesta de Flávio fue una fuga de manual: salió del país en un vuelo privado que partió de Puerto Iguazú (Argentina) con destino a Guayaquil (Ecuador) y luego a Miami, contorneando el espacio aéreo brasileño. Usó su pasaporte italiano —que la justicia también había ordenado entregar— y un pasaporte diplomático ya cancelado para entrar a Estados Unidos. No fue una salida discreta: fue una operación logística con jets privados, camionetas y contactos con el gobierno de Trump, que le concedió vistos de entrada.
La «fuga vulgar y silvestre» no es una metáfora: es la descripción literal de un operativo propio de un fugitivo común, no de un perseguido político. La diferencia es que un perseguido político busca asilo; un fugitivo busca impunidad.
💎 Conclusión: la coartada del «perseguido»
La secuencia es inequívoca. Flávio Bolsonaro no construyó una candidatura para gobernar Brasil. Construyó un mecanismo de defensa legal en dos etapas: primero, la inmunidad presidencial y la captura del STF; después, la fuga física cuando la primera etapa fracasó. La autodeclaración de «perseguido político» no es una convicción, sino una coartada: la narrativa que necesita para justificar lo injustificable.
Quien se sabe inocente no huye en la noche, no usa pasaportes cancelados, no desobedece órdenes judiciales. Quien se sabe inocente se queda y enfrenta el proceso. Flávio Bolsonaro no lo hizo. Y eso, más que cualquier sentencia, es una confesión.
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