La persecución a la científica Virginia Aparicio en el INTA, el hostigamiento a Damián Verzeñassi en Rosario y las batallas de los pueblos fumigados de Córdoba y Buenos Aires muestran una misma trama: la ciencia y la lucha popular son enemigas del agronegocio. Mientras tanto, en Misiones se elimina la fecha límite para el glifosato y se profundiza el despojo yerbatero. Fabián Tomasi, el fumigador que murió por denunciar el veneno, sigue siendo la memoria que incomoda.
Por Ramiro Carlos Caggiano Blanco
La comunidad académica está conmocionada, con razón, por la exoneración de la investigadora Virginia Aparicio, una de las científicas más destacadas de Argentina, cuyo único delito fue hacer bien su trabajo. La ingeniera agrónoma, investigadora del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de la ciudad de Balcarce y del CONICET, coordinó en Argentina el proyecto SPRINT, un estudio internacional financiado íntegramente por la Unión Europea, que analizó el impacto de los agrotóxicos en la salud humana y el medio ambiente. Los resultados fueron devastadores: glifosato en el 86% de las muestras de orina de los argentinos analizados y en el 100% de las muestras de materia fecal de los pobladores de la Provincia de Buenos Aires. El estudio también detectó entre 43 y 86 plaguicidas en el polvo de los hogares y de 6 a 22 sustancias en los alimentos. Ante estos hallazgos, el INTA suspendió la difusión del informe, le prohibió a Aparicio hablar del tema y le impidió entregar los análisis a los propios participantes. «Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa», admitió una fuente del INTA, dejando al descubierto el lobby empresarial que operó para silenciar los resultados. La respuesta institucional fue un sumario con ocho imputaciones sin sustento real y un pedido de exoneración —la sanción más grave de la administración pública—, que le impediría volver a ejercer la investigación científica en el país.
Este caso no es un hecho aislado. Es la punta de un iceberg que expone una maquinaria de persecución contra todo aquel que genere evidencia científica que amenace los intereses del agronegocio. El médico Damián Verzeñassi, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, lo vivió en carne propia años antes. Sus «campamentos sanitarios» relevaron la salud de más de 96.000 personas en pueblos fumigados y comprobaron científicamente el aumento de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones congénitas en zonas de monocultivo. La respuesta institucional fue la persecución: en 2016, las autoridades de su propia facultad encadenaron la puerta del escritorio donde se guardaban las historias clínicas de los relevamientos, en un intento de borrar la evidencia. Verzeñassi denunció entonces una «persecución académica e ideológica», señalando que visibilizar los problemas de salud de esas poblaciones «molesta a muchos intereses económicos y políticos». Su instituto, pese al hostigamiento sostenido, sigue funcionando y denunciando los impactos del extractivismo en la salud colectiva.
Pero la resistencia no se limita a los laboratorios y las universidades. En las provincias de Córdoba y Buenos Aires, comunidades enteras se organizaron para enfrentar el veneno. En Córdoba, el barrio Ituzaingó Anexo fue el berce de la lucha: madres que perdieron hijos para el cáncer consiguieron un fallo histórico que prohibió las fumigaciones a 2.500 metros de las casas. En Sebastián Elcano, en el norte cordobés, los vecinos mantuvieron un acampamento de más de 65 días y guardias comunales, sostenidas principalmente por mujeres, para impedir que las máquinas pulverizadoras entraran al pueblo reclamando distancias de resguardo de 1.500 metros para aplicaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. En Dique Chico, cuando los vecinos intentaron impedir fumigaciones ilegales, la policía provincial detuvo a la activista Sofía Gatica, ícono de la lucha contra los agrotóxicos. Empresarios rurales, en respuesta, se encadenaron frente a la comuna para protestar contra un proyecto que buscaba alejar las fumigaciones a 2.000 metros del ejido urbano.
En la provincia de Buenos Aires, la batalla también es feroz. En Pergamino, un juicio histórico expuso el daño ambiental y sanitario de las fumigaciones en barrios como Villa Alicia, aunque terminó absolviendo a los productores y condenando apenas a dos ex-funcionarios municipales —un retrato de la impunidad corporativa. En San Nicolás, tras veinte años de lucha y una explosión que liberó agrotóxicos en 2024, los vecinos consiguieron que la multinacional Atanor desmantelara su planta en la ciudad. En Tandil y Rauch, la Suprema Corte bonaerense suspendió de forma provisoria los artículos de las ordenanzas que regulaban las distancias de fumigación, en un nuevo revés judicial para las comunidades que exigen zonas de resguardo.
Hay una provincia donde esta contradicción se volvió insoportable: Misiones. Mientras el gobierno de Javier Milei, a través del Decreto 812/2025, vació de funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), eliminando su facultad de fijar precios mínimos y dejando a 12.500 pequeños productores y 15.000 tareferos al borde de la quiebra —con precios que cayeron entre un 20% y un 80% y costos que hoy superan los 500 pesos por kilo de hoja verde frente a pagos de apenas 120 a 250 pesos—, el gobierno provincial de Hugo Passalacqua, mediante el Decreto 1675/2025, eliminó la fecha límite de 2030 para la prohibición del glifosato, permitiendo su uso indefinido en los cultivos de yerba mate, té y otros. La decisión fue justificada oficialmente como una forma de «otorgar certidumbre a los mercados«, pero en los hechos profundiza la dependencia de un herbicida que la propia provincia había decidido abandonar. La crisis ya provocó un éxodo masivo: más de 40.000 trabajadores misioneros tramitaron documentación brasileña en 2025 para buscar empleo en la cosecha del país vecino, donde una jornada se paga alrededor de un millón de pesos frente a los 385.000 que cobra un peón rural en Argentina. Es la tormenta perfecta: un gobierno nacional que desregula y empobrece a los productores, y un gobierno provincial que, en lugar de protegerlos, habilita el veneno que los enferma.
Y es imposible hablar de resistencia sin honrar a quien dio su vida por ella. Fabián Tomasi fue un trabajador rural de Basavilbaso, Entre Ríos, que desde 2005 trabajó como «banderillero» para una empresa de fumigación aérea. Abría los recipientes de glifosato, vertía el producto en tanques y lo enviaba a los aviones, sin cualquier protección. «Nunca había usado ningún tipo de protección en el manejo del glifosato», relató en sus testimonios. Años de exposición le causaron una polineuropatía tóxica severa, que lo dejó esquelético y sin fuerzas para levantar los brazos. Falleció el 7 de septiembre de 2018, a los 53 años. Antes de morir, se dejó fotografiar en estado terminal como parte de su militancia, y su frase sigue resonando: «No cometamos el error de pedir salud y no Justicia, porque así nos enfermaremos todos». Su compañera de lucha, la maestra rural Estela Lemes, también contaminada por glifosato, lo recuerda: «Fabián luchó hasta el último día por una tierra más sana«.
La persecución a Aparicio, a Verzeñassi y a las comunidades fumigadas no es solo un acto de brutalidad contra la ciencia. Es un mensaje mafioso propagado desde el Estado y desde las corporaciones para advertir que con el modelo agroexportador no hay que meterse. Pero la historia no termina con el silencio. Termina con la unidad — de científicos, de comunidades, de trabajadores y de todos los que se niegan a aceptar que el lucro se sobreponga a la vida. Fabián Tomasi ya no está, pero su testimonio sigue vivo. Virginia Aparicio resiste. Verzeñassi resiste. Los pueblos fumigados resisten. Y mientras haya uno solo que se levante contra el veneno, la lucha continuará.
Deja una respuesta